02 Medidas duras: cinco tipos de fraude al descubierto
La autenticidad de los datos de seguimiento es el sustento de la gestión ecológica y ambiental. El Reglamento adopta una postura de tolerancia cero hacia la falsificación de datos, tejiendo una estrecha jaula institucional desde múltiples dimensiones.
En las Disposiciones Generales, el Reglamento exige explícitamente a los gobiernos locales de todos los niveles establecer y mejorar sistemas de responsabilidad y mecanismos de trabajo para prevenir y sancionar la falsificación de datos de monitoreo ecológico y ambiental, fortaleciendo las defensas en la fuente de gestión.
El Reglamento estipula específicamente que los gobiernos locales, los departamentos, empresas e instituciones pertinentes no deben exigir explícita o implícitamente la falsificación de los datos de seguimiento, eliminando así la presión externa para el fraude.
Respecto a los terceros organismos de seguimiento, el artículo 32 define específicamente cinco tipos de conducta fraudulenta:
En primer lugar, emitir informes de seguimiento sin realizar un seguimiento real; en segundo lugar, alterar o fabricar registros y datos de seguimiento originales; tercero, omitir deliberadamente elementos de seguimiento o alterar las condiciones de seguimiento;
Cuarto, intercambiar muestras de monitoreo o cambiar arbitrariamente lugares, horarios, etc. de muestreo, interfiriendo así con el entorno o las actividades de muestreo; En quinto lugar, hacer que los datos de monitoreo sean inexactos debido a una operación anormal, daños al equipo de monitoreo o modificación no autorizada de la configuración de los parámetros del equipo de monitoreo.
La implementación del “sistema de doble sanción” impone graves consecuencias a quienes fabrican datos. Las instituciones de terceros se enfrentan a sanciones que incluyen multas que oscilan entre 100.000 y 500.000 yuanes; por infracciones graves, se imponen multas de 500.000 a 2.000.000 de yuanes, además de la prohibición de prestar servicios de vigilancia.
Además, se imponen sanciones a las principales personas responsables y al personal responsable de las instituciones, con multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 yenes y una prohibición de cinco años de prestar servicios de vigilancia; en casos graves, se aplica una prohibición de diez años. Cuando se constituyan delitos penales, se perseguirá la responsabilidad penal, lo que dará lugar a la prohibición de por vida de prestar servicios de vigilancia.
